El Gobierno y la CGT alcanzaron un acuerdo para modificar la reglamentación de la reforma laboral mediante el decreto 612, con el objetivo de destrabar la renegociación de los convenios colectivos y evitar una ola de judicializaciones. La norma flexibiliza el cálculo de las cuotas solidarias y excluye del tope del 2% los aportes patronales destinados a obras sociales y otros fines asistenciales, preservando una fuente clave de financiamiento sindical.
A cambio, los sindicatos deberán administrar esos fondos de manera separada y con mayor transparencia, acreditando que se destinan exclusivamente a fines sociales, previsionales o culturales. Pese al acercamiento con la Casa Rosada, la CGT ratificó que mantendrá su plan de lucha y las movilizaciones previstas, al considerar que el acuerdo no modifica sus reclamos de fondo.
